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México y la nueva economía de las telecomunicaciones: ¿consolidación para competir o concentración para sobrevivir?

 


En las últimas semanas, el sector de las telecomunicaciones en México ha dado mucho de qué hablar. Las noticias sobre la venta de grandes operadores, las posibles adquisiciones y los cambios que se avecinan reflejan un momento de gran dinamismo para la industria. Como ingeniero en Telecomunicaciones y profesional que lleva años involucrado en la dirección de proyectos de este sector, estos movimientos me generan mucho interés y entusiasmo, pero también despiertan varias preguntas. Por ello, quise profundizar más allá de los titulares y realizar un análisis que no se limite a quién compra, quién vende o qué grupo empresarial gana terreno, sino que permita entender qué hay detrás de estas decisiones y, sobre todo, qué implicaciones podrían tener para el futuro de las telecomunicaciones en México.

La adquisición anunciada de AT&T México por Televisa y Fintech, la reorganización de Telefónica y la competencia por el control de Axtel constituyen señales de una transformación estructural: México está transitando de un modelo de competencia entre operadores relativamente especializados hacia otro en el que las economías de escala, la convergencia tecnológica y el control de infraestructura serán determinantes.

Sin embargo, detrás de esta transformación existe una paradoja económica: mientras la conectividad se vuelve indispensable para la digitalización, la inteligencia artificial y la competitividad industrial, algunas empresas encuentran cada vez más difícil obtener rendimientos suficientes sobre el capital necesario para proporcionarla.

El caso de AT&T es particularmente ilustrativo. Después de más de una década de inversiones en México, la compañía decidió vender su negocio nacional y concentrar recursos en el desarrollo de redes convergentes de fibra y 5G en Estados Unidos. La decisión no significa que haya perdido confianza en la tecnología, sino que su estrategia de asignación de capital favorece otros mercados.

En contraste, Televisa encuentra una oportunidad de integrar su infraestructura fija con una operación móvil ya establecida. Esta combinación podría generar eficiencias en transporte, comercialización, servicios empresariales y aprovechamiento de infraestructura. Lo verdaderamente interesante es que los mismos activos pueden tener valores económicos distintos dependiendo de quién los controla y con qué otros recursos puede combinarlos.

Esta lógica también ayuda a explicar el interés por Axtel. Su atractivo no radica exclusivamente en la extensión de su red de fibra óptica, sino en sus rutas, interconexiones, presencia empresarial y capacidad para atender la creciente demanda de conectividad entre México y Estados Unidos.

En este nuevo entorno, el valor estratégico de una red dependerá menos de cuántos kilómetros posee y más de qué mercados conecta, cuánta capacidad puede comercializar y qué tan difícil resulta sustituir su infraestructura. No obstante, la consolidación plantea una disyuntiva de política pública. Por un lado, las telecomunicaciones necesitan escala para financiar redes cada vez más complejas. Por otro, una reducción excesiva de operadores independientes podría limitar la competencia mayorista y trasladar mayores riesgos de concentración hacia segmentos críticos de infraestructura.

Podríamos encontrarnos ante un mercado con numerosas marcas comerciales, pero con una cantidad reducida de propietarios reales de redes, espectro y capacidad de transporte. Esta posibilidad obliga a reconsiderar los criterios tradicionales de competencia económica. Ya no bastará medir participaciones en telefonía fija o móvil de manera aislada; será indispensable examinar relaciones entre mercados, infraestructura compartida, costos de acceso, integración vertical y dependencia de proveedores mayoristas.

En este contexto, el precio del espectro radioeléctrico merece especial atención. Una estructura de derechos recurrentes elevados puede convertirse en una barrera económica que afecta proporcionalmente más a los operadores de menor escala y contribuye a reforzar la concentración que la regulación pretende controlar. La consecuencia puede resultar paradójica: un Estado que busca fortalecer la competencia termina imponiendo costos que dificultan la permanencia de competidores independientes. Sin embargo, tampoco sería correcto concluir que reducir los derechos o eliminar automáticamente las obligaciones de preponderancia resolvería los problemas del sector.

La política óptima necesita equilibrar cuatro objetivos: uso eficiente de un recurso escaso, sostenibilidad financiera de los operadores, competencia efectiva y maximización del beneficio social. La regulación ex ante debe ser proporcional y revisarse conforme evoluciona la estructura del mercado, pero su eliminación debería sustentarse en evidencia de competencia efectiva, no únicamente en el aumento de tamaño de un operador alternativo. A ello se añade un desafío tecnológico y financiero. La inteligencia artificial, los centros de datos, las redes privadas y 5G incrementarán la importancia de la conectividad. 

Sin embargo, más tráfico y mayor capacidad instalada no necesariamente significan mayores ingresos o rentabilidad. El sector enfrenta el reto de monetizar capacidades tecnológicas cada vez más avanzadas en un entorno donde los precios unitarios de transporte tienden a disminuir. Por eso, la próxima competencia no se definirá únicamente por quién tiene más usuarios, más espectro o más kilómetros de fibra, sino por quién puede operar una plataforma integrada de conectividad al menor costo económico sostenible y convertir esa eficiencia en servicios de mayor valor. Esto incluye redes móviles y fijas, transporte óptico, nube, ciberseguridad, interconexión de centros de datos y, de manera complementaria, infraestructura satelital.

Desde una perspectiva empresarial, el indicador decisivo será la rentabilidad del capital invertido. Desde una perspectiva regulatoria, serán la competencia efectiva y el acceso no discriminatorio. Desde una perspectiva de política pública, será la capacidad de la infraestructura digital para impulsar productividad, cobertura e inclusión.

En consecuencia, la verdadera pregunta en México es; cómo construir una estructura de mercado que permita alcanzar economías de escala sin convertirlas en barreras permanentes a la competencia, más que saber si conviene tener muchas empresas pequeñas o pocas compañías grandes. Porque el riesgo no consiste únicamente en que México tenga menos operadores. Consiste en que consolide un modelo donde la inversión solo sea rentable para unos cuantos participantes, mientras el resto dependa estructuralmente de su infraestructura.

Pero también existe una oportunidad: utilizar esta reorganización para fomentar plataformas financieramente sólidas, redes interoperables, mercados mayoristas competitivos y un sistema de precios del espectro alineado con la inversión productiva. 

Mi conclusión es que México además de necesitar operadores grandes; también necesita un modelo económico y regulatorio en el que invertir en telecomunicaciones sea rentable, competir sea viable y la eficiencia de las redes se traduzca en beneficios para toda la economía.

En última instancia, el éxito de esta transformación no se medirá por quién compró a quién, sino por la capacidad del país para convertir la infraestructura digital que ya se tiene en productividad, innovación, competitividad y desarrollo económico sostenido.


Referencias:


Por Carlos Campa Arvizu.

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